La auditoría que el Tribunal de Cuentas desarrolló en el mes de abril en el Municipio de Porvenir habría detectado varios incumplimientos de la normativa que regula el tercer nivel de gobierno, tanto de la Ley 19272, de Descentralización y Participación Ciudadana, como del Decreto Departamental 7350/2016 titulado Reglamento de funcionamiento orgánico de los municipios del departamento de Paysandú.
El «informe de hallazgos» señalaría los siguientes incumplimientos: que los recursos financieros establecidos en en presupuesto departamental con destino al Municipio en realidad no son administrados por el Concejo Municipal; que el alcalde no está dirigiendo la actividad administrativa del Municipio; la no colaboración de los concejales con el alcalde en el desarrollo de las actividades que competen al colegiado; la no presentación de la audiencia pública sobre la gestión y el no hallazgo en la sede del Concejo del libro de actas de las sesiones.
Es de notar que estos elementos no constituyen el informe final de la auditoria. A partir de estos hallazgos desde la Intendencia y el Concejo Municipal se podrán realizar apreciaciones que, eventualmente, se considerarán para la redacción del informe definitivo.
Una vez se conozca ese documento quizás surjan más insumos para calibrar cuánto y cómo afecta a lo que debería ser el desarrollo cotidiano de la actividad municipal la medida impuesta hace 8 meses por el intendente que bajo el rótulo de «readecuación operativa» apartó a las autoridades electas del Municipio en una acción que, según opiniones bien fundadas técnicamente, se podría definir como una especie de intervención carente de legalidad.
