El viernes 2 de diciembre de 2022, los ediles por el Frente Amplio Andrés Imperial, Verónica Villarreal, Washington Daniel Gallardo, Julio Retamoza, Mabel De Agostini, Dany Collazo, Paola Ifrán, Emerson Arbelo y Nelly De Agostini, asesorados por el abogado Federico Álvarez Petraglia, pusieron en conocimiento de Fiscalía los detalles del proceso que concluyó con la formalización del vínculo entre la Intendencia de Paysandú (IDP) y la Fundación A Ganar en el que descubren “hechos con apariencia delictiva”.
Los denunciantes solicitaron “que se adopten las medidas de instrucción necesarias” para el esclarecimiento de la situación pero a 15 meses de presentada la petición el asunto aún no tiene Fiscal asignado.
El documento presentado a la Justicia se construye, además de otros insumos, con los resultados del trabajo de la Comisión Investigadora constituida por la Junta Departamental “con el objeto de estudiar el accionar del gobierno departamental en la contratación de la Fundación A Ganar”. De allí surge que la Intendencia “habría cometido una serie de irregularidades que meritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia Penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva”.
Destacan que ninguno de los testigos que comparecieron ante la comisión en representación de la comuna y la fundación “pudo aclarar el entramado que se generó para la contratación” del particular “la que fue duramente cuestionada por el Tribunal de Cuentas de la República en un informe lapidario”.
Los representantes del Frente Amplio sostienen que la llegada de A Ganar al departamento se produjo en medio de “un escándalo” desatado por la concreción de la causa inicial de la incorporación de la fundación: la tercerización de los trabajadores de los CAIF y el Centro Siempre del convenio Intendencia – INAU. Valoran que tal decisión implicó un “brutal recorte de derechos de los trabajadores municipales que eran parte de los CAIF”. La modificación de la relación laboral en perjuicio de unos 130 empleados, violentando el reglamento de convenios a través del cual INAU sustenta los Centros de Atención a la Infancia y al Familia (CAIF), fue ampliamente denunciada a nivel nacional.
El intendente resolvió un mecanismo de tercerización de esos recursos humanos con el propósito de ahorrar 14 millones de pesos anuales de aportes patronales, fundamento que “manejó sin mayores escrúpulos”. «Nos queda absolutamente claro que con esa excusa el ejecutivo departamental ha introducido un mecanismo de precarización del trabajador municipal, el que ya no es contratado en función pública ni como eventual sino como trabajador de una Fundación que se lo suministra a la IDP, “ahorrándose” un conjunto de aportes a la seguridad social de trascendencia, pero lo que es peor, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precarización, de contratos basura, de inestabilidad laboral permanente, todo lo cual ha significado para estos sanduceros un profundo cambio regresivo en sus condiciones de vida y de estabilidad laboral e incluso emocional». Con el trascurso de los meses se hizo notorio que A Ganar ha continuado incorporando trabajadores que se desempeñan para la comuna pero como tercerizados, lo que implica que el arribo de la empresa es la herramienta que “ha cambiado y cambiará de acá en más la política de recursos humanos de la IDP”.
Los ediles advierten que “simultáneamente” con el gobierno de Paysandú, la Intendencia de Durazno también realizó un llamado para el gerenciamiento de recursos humanos con la llamativa particularidad de que ambos documentos “son idénticos, si bien con diferencias elementales, se trata de llamados calcados, donde quien copió ni siquiera cuidó no repetir las faltas de ortografía, las cuales, al igual que la numeración, se repiten en ambos. Ante esta constatación, las preguntas son muchas; ¿cómo surgió en dos intendencias blancas la misma necesidad?, ¿cómo lo canalizaron en forma idéntica, con las mismas palabras?, ¿por qué realizar estos llamados a fines de 2020, con escasa publicidad, con un corto período de apertura? máxime si se descuenta los días inhábiles de las fiestas tradicionales, y con la rareza de que exista un único oferente en ambos llamados: la multicitada Fundación A Ganar”.
Los denunciantes sospechan que pudo existir “coordinación” entre los gobiernos de ambos departamentos y por ello sostienen que “si existiera un entrecruzamiento de llamadas entre los jerarcas involucrados y los directivos de A Ganar, seguramente podríamos llegar a desentrañar un tráfico frenético en esos días, que puede dar pie a una investigación con base en una posible violación a la igualdad de oferentes, la publicidad de la contratación del Estado, encuadrando la situación en alguna norma penal. Es más, para sorpresa de muchos, la edil departamental Sabrina Buono llegó a postear en Facebook previo a que se abriera la propuesta y se adjudicara la licitación que esta se iba adjudicar a una fundación. ¿Cómo es posible que supiera la Sra. Edil tal hecho, tiene poderes adivinatorios o el contrato estaba ya decidido antes de su apertura? Extremos todos que deberá explicar la mencionada curul cuando sea citada e intimada a agregar dichos posteos”.
El dato resulta reforzado por la constatación de que los responsables de la organización están fuertemente vinculados con el Partido Nacional, lo que en la denuncia se describe en los términos que siguen. “La presidenta de la fundación es la Señora esposa del ex Ministro de Economía de Lacalle Herrera, Ignacio de Posadas, Sra. María Magdalena Secco, el director ejecutivo es Alejandro Rico, titular del INJU por el Partido Nacional durante el gobierno de Jorge Batlle, y si se consulta su Facebook ferviente partidario de los sectores herreristas de ese partido, y la subdirectora es Verónica Martínez hermana del secretario privado del actual presidente Lacalle Pou, demasiadas coincidencias como para llamar la atención”.
La denuncia pide que se conozca quién redactó el llamado a licitación, “extremo que no fue respondido en la investigadora, quién se la mandó a quién, por qué se copió una de otra”. Recuerdan que a nivel local se formalizaron solicitudes de acceso a la información pública con el propósito de conocer estos datos pero no se consiguieron respuestas “bajo la excusa de que el contrato con esta fundación es confidencial”.
Otro aspecto que reclama esclarecimiento es “cómo se enteró la Fundación a Ganar de esta licitación en plenas fiestas tradicionales, quien le avisó, por qué no se presentaron otras”, aspecto que, asumen, reafirma la sospecha de una coordinación a favor de la organización. Por lo tanto, es imperioso “determinar quienes participaron y qué responsabilidad les cabe por ello.
En el escrito se afirma que A Ganar actúa como “hombre de paja”, involucrando a centenares de trabajadores para diversas áreas de la comuna, «sólo para no pagar los tributos al BPS que la IDP debería abonar por estos trabajadores, siendo por lo menos dudoso además el supuesto “ahorro”, pues, claro está, a la fundación se le paga, nada es gratis, y es dinero que se va de Paysandú, pues la fundación no es de nuestro departamento». La situación reivindicada como un logro por el intendente Olivera pone en evidencia la rigurosidad de los controles del Estado cuando debe observarse a sí mismo: “Está más que claro que si esto lo hiciera un privado, es decir, si cualquiera de nosotros tuviera una empresa con 12 empleados y no quiere pagar los aportes por los mismos y los pasara a una fundación que está exonerada, contratándolos después nuevamente a través de la fundación, siendo uno quien les da las órdenes, quien les dice qué hacer y qué no, dónde trabajar, etc. ¿qué pasaría con el BPS y con la DGI? Pues sería esperable que nos hicieran una visita y liquidaran los tributos defraudados, ¿o no? ¿Quién se atreve hacer la prueba?”.
De acuerdo al llamados a licitación publicado horas antes de la navidad del 2020 y con tres días hábiles de vigencia, la Fundación A Ganar se obliga “a suministrar mano de obra” según la siguiente exigencia: “Quien resulte adjudicatario deberá contar con capacidad de respuesta dentro de las 48 horas ante solicitudes de la Intendencia de sustitución de personal o finalización de tareas, realizar un servicio de supervisión al personal contratado en los diferentes programas”. Así concluyen que “más que una fundación que cumpla fines culturales, sociales, educativos o deportivos, aquí al menos, opera como una empresa comercial que suministra mano de obra a solicitud” lo cual no debería estar contemplado en las exoneraciones tributarias de las que goza A Ganar.
Los ediles incorporan el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la República que en la sesión del 9 de junio de 2021 observó el referido acuerdo porque “el formato elegido para la contratación, es inadecuado, violatorio de la Constitución y de la ley”. Por las cifras que involucra se debió realizar una licitación pública, que implica una serie de garantías en cuanto a los plazos y oferentes entre otros aspectos “que aquí deliberadamente no se cumplieron”, denuncian.
Presumen que “el apuro (…) del Intendente era para que esto saliera rápidamente, de forma y modo de dejar sin empleo a 130 funcionarios municipales que prestaban tareas en los CAIF y así fueran absorbidos por la institución que ya tenía arreglado que asumiría el gerenciamiento licitado. Vale decir, y tal como se afirmó hasta el cansancio, la IDP violó todas las reglas de contratación administrativa con el fin de obtener el único fin que la motivaba en esta ocasión, evadir el pago de los aportes patronales al BPS por los 130 funcionarios, es decir, el pago de 14.000.000 de pesos al año que iban al sistema previsional nacional, para contribuir, entre otras cuestiones, a los seguros de paro necesarios para hacer frente a una de las consecuencias de la pandemia que nos azotó en los años anteriores y hoy todavía trae aparejada conesecuencias para la sociedad en su conjunto”.
Tras esto los firmantes enfatizan en la opinión de que “la contratación de la Fundación A Ganar es completamente irregular, violatoria del orden jurídico”, un vía para “evadir los aportes a un órgano del Estado y tener por parte de la Intendencia Departamental un mecanismo de ingreso de funcionarios sin ningún tipo de control ni concurso, facilitando el clientelismo político puro y duro”.
En cuanto al convenio oportunamente asumido entre la IDP y el INAU, en el marco del reglemento de los CAIF, resulta notorio que el intendente”por sí y ante sí” decidió modificar la estructura de la relación del acuerdo.
En el marco de este proceso el Tribunal también observó la anormalidad de que “el Cr. Diego Thomasset, que era el contador delegado de ese organismo, fue designado Director General de Administración de la Intendencia de Paysandú el día 26 de noviembre de 2020 y recién cesado en su calidad antes descrita el día 28 de diciembre de 2020, vale decir, que durante ese mes coincidió en la misma persona controlante y controlado. Esa irregularidad tiene la particularidad que el mismo día que se comunica ese cese, el 28 de diciembre, el contador en cuestión intervino en la modificación de las condiciones particulares del pliego que nos ocupa”. El desempeño del “funcionario de confianza” en esa situación, consideran, está reñido con la ética “sin perjuicio de ulterioridades del punto de vista penal. Esto demuestra que el apuro del Intendente era tal, que no se cuidó siquiera la responsabilidad del Contador delegado del propio tribunal”.
“Si algo de claridad arroja el Tribunal de Cuentas, es sobre lo oscura que fue y que sigue siendo esta licitación por la cual la IDP y su responsable máximo buscaron evadir en forma ilícita el pago de impuestos al Estado. Para llegar a ese objetivo no pararon ante nada ni se detuvieron pensando que estaban violando la ley de contratación del Estado, ni omitiendo dolosamente la intervención del Tribunal de Cuentas, ni se detuvieron a pensar en la estabilidad laboral de 130 funcionarios municipales, nada podía ni debía evitar lograr el objetivo buscado”, sentencian los ediles denunciantes y luego se detienen para llamar la atención sobre “las cantidades millonarias que la IDP le abona a la Fundación por concepto de honorarios por hacer una tarea que la ha realizado y la sigue realizando la propia IDP, tratándose esta fundación – tal como se ha dicho – de un hombre de paja puesto para defraudar al Estado y para justificar el pago de ingentes cantidades de dinero a amigos políticos de la actual administración”.
Los ediles entienden que “el conjunto de hechos relatados constituye un cúmulo increíble de irregularidades cometidas por los funcionarios actuantes, los que no respetaron las normas establecidas en el ordenamiento vigente para contratar, habiendo desplegado conductas reñidas con la objetividad, imparcialidad y transparencia, habiendo realizado un llamado a licitación absolutamente irregular, en perjuicio del Estado y de los ciudadanos”.
Sostienen las acciones denunciadas “encartan en lo previsto por el Artículo 161 del Código Penal (Conjunción del interés personal y del público)” que, básicamente, detalla: “El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables). Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero”. Según los denunciantes, la investigación “podrá lograr reunir las evidencias necesarias para acreditar el vínculo indebido entre las autoridades de la Intendencia de Paysandú y las de la Fundación A Ganar, relación que no fue denunciada por los funcionarios públicos actuantes, sino que por el contrario fue esa relación la que llevó a que se concretara primero la presentación de esta ONG, y luego su contratación en perjuicio del Estado, tal como se ha dicho en este escrito”.
Asimismo se invoca al “Artículo 162 del Código Penal (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley). El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código, será castigado con prisión de tres a veinticuatro meses, e inhabilitación especial de dos a seis años”), figura que en forma subsidiaria atraparía las acciones antes narradas”.
En cuanto a las pruebas, solicitan la incorporación de la Resolución del Tribunal de Cuentas N° 1295/2021, las actuaciones de la Comisión Investigadora que formó la Junta Departamental para estudiar el caso, el proceso de licitación por el cual las Intendencias de Durazno y Paysandú contrataron la fundación, las resoluciones del Tribunal de Cuentas en referencia a los contratos consumados por el particular con las comunas de Paysandú, Durazno, Rocha y otras dependencias del Estado desde el año 2020 hasta el presente, además de los datos respecto a cuántos funcionarios trabajan para la IDP por este sistema y “cuántos son los honorarios que abona a la Fundación A Ganar desde su contratación hasta el presente”.
En cuanto a las declaraciones, se solicita la indagatoria a Alejandro Ricco, director de la fundación, al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, al secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, al director de Administración, Diego Thomasset, la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero, al dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeyom), Nicolas Yapur, al vicepresidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Aldo Velázquez, la directora de INAU, Natalia Argenzio, y la edil Sabrina Buono.
