Elen Sosa formalizó una denuncia penal por lo que considera es una actuación con apariencia delictiva de los representantes de la Intendencia de Paysandú por el ingreso a un terreno que la señora reivindica como de su propiedad. En el escrito presentado este viernes 14 de junio, asevera que se vio “avasallada” en sus derechos por parte de los responsables de la institución “que han desconocido la existencia de un expediente judicial de prescripción” iniciado en el año 2016 y pendiente de resolución. La acción de la comuna, “sin fundamento legal”, se sustentó en el concepto de que, supuestamente, “un predio municipal no puede ser objeto de prescripción”. Sosa se sintió “atropellada” “por un malón de funcionarios y de máquinas de la Intendencia que luego de ingresar a mi predio literalmente lo destruyeron”.
Relató en la denuncia que en la mañana del viernes 12 de abril del año en curso, un grupo de personas que se identificaron como funcionarios de la Intendencia arribaron al inmueble en cuestión, sito en la zona norte de la ciudad, y le informaron que ingresarían para dar cumplimiento a una orden del intendente, mandato que no fue exhibido y al que sólo aludieron de manera oral. Los trabajadores, que llegaron acompañados por maquinaria pesada, ignoraron el argumento de la señora que posee el inmueble desde hace 40 años y cuya propiedad tramita a través de la prescripción iniciada en 2016 ante el Juzgado de Paz Departamental de Paysandú de Tercer Turno.
En tanto Sosa mantuvo firme su negativa al ingreso del grupo, los funcionarios optaron por romper el candado de la portera. A continuación ingresaron con sus equipamientos y comenzaron a realizar movimientos de tierra. Cuenta que durante algunos días sucesivos volvió a colocar candados y que todos fueron vulnerados.
Llamativamente, la denunciante aporta que los empleados “fueron acompañados por otras personas, incluido una que se identificó como fiscal”, aunque no logró retener su nombre. Sosa no oculta su sorpresa por tal presencia dado que ese funcionario no detalló las condiciones de su participación, no especificó si existía una denuncia que motivara la intervención ni se exhibió algún documento que avalara el accionar de la Intendencia. Entonces, para la defensa de Sosa, desarrollada por el doctor Álvarez Petraglia y el escribano Illia, “la situación es de una gravedad inusitada e irregular por decir lo mínimo”.
El trámite por la prescripción del inmueble sigue su curso aunque haya tenido algún enlentecimiento a causa de las dificultades habituales en la generación de cierta información referida a los herederos de quienes reivindican propiedad. De hecho, en 2016 la Intendencia intentó ocupar el sitio para construir un espacio recreativo pero terminó desistiendo una vez tomó conocimiento de la acción de Sosa. En 2021 sucedió un episodio similar al que se denuncia ahora cuando el ejecutivo departamental dispuso el ingreso al inmueble para desarrollar acciones preparatorias a la instalación de un emprendimiento. Al cabo de unos pocos días la comuna se terminó retirando del sitio, después de haber destruido un monte nativo e invertido en la concreción de algunas infraestructuras básicas. La empresa anunciada nunca “desembarcó” por estos lares. Si la Intendencia pretendiera recuperar el dominio del inmueble tendría que iniciar un juicio de reivindicación, alternativa que no se exploró.
En cuanto a las figuras penales que podrían encuadrar en las acciones denunciadas, Sosa y su defensa sostienen que “los funcionarios actuantes y sus mandantes” podrían haber cometido los delitos de justicia por mano propia; daño, en alusión a las sucesivas roturas provocadas para materializar el ingreso, y abuso innominado de funciones.
