En Paysandú, Uruguay, el acceso a la información pública enfrenta un obstáculo significativo: la negativa del intendente a brindar informes clave sobre la gestión municipal. Según denuncias recientes en medios locales, solicitudes de datos sobre el presupuesto, obras públicas y contrataciones han sido ignoradas o demoradas, generando preocupación en la ciudadanía y en organizaciones de la sociedad civil al punto de costarnos algo más de 7.000 pesos diarios de multa impuesta por la Justicia.
El problema
La falta de transparencia en el gobierno local limita la capacidad de los ciudadanos para evaluar cómo se administran los recursos públicos. En Paysandú, varios grupos de vecinos han expresado su frustración ante la opacidad en temas como la ejecución de proyectos de infraestructura y el manejo de fondos para programas sociales. De acuerdo con datos del propio gobierno nacional saliente, el 60% de las solicitudes de acceso a la información en el último año no han recibido respuesta dentro de los plazos establecidos por ley.
Un poco de análisis
La negativa a entregar informes tiene múltiples causas, entre ellas una cultura institucional de poca apertura y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Esto genera impactos significativos:
• Económico: Los recursos municipales podrían estar siendo mal utilizados o asignados de manera ineficiente, afectando a sectores vulnerables. Por ejemplo, la falta de detalles sobre las licitaciones recientes impide saber si se respetaron principios de competitividad.
• Social: La desconfianza ciudadana en las instituciones se incrementa, debilitando el tejido social y la participación en la vida política local.
• Político: Esta opacidad puede derivar en una percepción de corrupción, afectando la legitimidad del gobierno municipal y dificultando futuras colaboraciones con el sector privado o el gobierno central.
No hay que ser un experto para entender que “la falta de transparencia en gobiernos locales como el de Paysandú es un retroceso democrático que limita el desarrollo sostenible de las comunidades.”
Para los ciudadanos comunes, esta falta de información no es un problema abstracto. Por ejemplo, vecinos del barrio han denunciado que obras prometidas en su comunidad llevan años sin concretarse, y no tienen acceso a los informes que justifiquen los retrasos. Este tipo de situaciones afecta directamente la calidad de vida de las personas y genera un sentimiento de abandono.
La solución pasa por fortalecer las herramientas de acceso a la información pública y por la implementación de sistemas de auditoría ciudadana que permitan monitorear de manera activa la gestión municipal. Además, es clave exigir al intendente un compromiso claro con la rendición de cuentas mediante la publicación periódica de datos en un portal accesible para todos.
La falta de transparencia nos cuesta caro: no solo en dinero, sino en confianza y desarrollo. Como ciudadanos, tenemos el deber de reclamar información y demandar una gestión más abierta y responsable. ¿Qué futuro queremos construir para Paysandú si la verdad queda oculta? La respuesta está en nuestras manos.
*Escribe Julio Norte, dirigente frenteamplista, precandidato a la Intendencia