Este martes 26 de noviembre la Junta Departamental de Paysandú desarrolló una sesión especial en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, jornada de concientización que se conmemora cada 25 de noviembre con el objetivo de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial y trabajar para su prevención y erradicación. El lema para este año fue «Cada 10 minutos se asesina a una mujer. #NoHayExcusa. ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres»,
En consideración a la fecha, el presidente del legislativo sanducero, Alejandro Colacce, cedió la conducción de esa sesión a Patricia Vásquez Varela. Como invitada especial participó la escritora local Valentina Etchebarne quien presentó un libro titulado “Lo que falta”, integrado por “poemas y relatos autobiográficos que escribí a lo largo de cinco años de mi vida, que habla de amor, de la pérdida, de la soledad, así como muchos de ellos están estrechamente relacionados con el tema que nos convoca”.
Las ediles Natalia Martínez y Verónica Villarreal no ingresaron a la sesión como gesto de denuncia de las situaciones de violencia que se sufren en el ámbito de la Junta Departamental de parte del propio presidente del cuerpo, según afirman. De hecho, ambas ediles denunciaron al edil Colacce ante la Justicia por esa causa. En cuanto a la no participación en la reunión, informaron que la decisión fue “entendida” por sus compañeros de bancada.
Antes de comenzar la sesión especial, Martínez colocó un cartel en su banca con el siguiente texto: “Acá ejercen violencia. Tienen denuncia por violentos. Por eso mi banca hoy está vacía. Edila Natalia Martínez. 1001 – PCU – FA”. La curul mostró la manifestación en su cuenta de Facebook con esta introducción: “Hoy hay sesión especial por el día internacional contra la violencia hacia las mujeres en la Junta Departamental de Paysandú no puedo sentarme a validar con mi presencia la demagogia y la hipocresía, me han violentado casi 5 años solo por ser oposición y no callarme… Me defiendo como puedo!”.
El viernes 4 de octubre de este año, Villarreal y Martínez denunciaron ante la Justicia Penal al presidente de la Junta que “de un tiempo a esta parte mediante publicaciones en sus redes sociales nos imputa comportamientos falsos y nos expone ante la ciudadanía como personas violentas”, expresaron las ediles en el escrito; ya habrían refrendado sus dichos en una primera declaración oral.
Agregan que Colacce, que asumió como presidente del legislativo en noviembre de 2023 y permanecerá en esa función hasta los primeros días de diciembre de este año, a través de su cuenta de Instagram realizó reiteradas publicaciones para afirmar “que somos violentas, que no tenemos ética, y que distorsionamos las reuniones de la Junta Departamental, afirmaciones no sólo son falsas sino difamatorias, que terminan estigmatizando a dos mujeres que ejercemos nuestros cargos políticos, por el simple hecho de cumplir con el cometido de ser oposición al actual gobierno departamental”. Además de enfatizar en que esas manifestaciones son mentira, aseguran que las exponen “al odio o desprecio público, y son, claramente, una forma de ejercer violencia de género”.
Asesoradas por penalista Federico Álvarez Petraglia, las representantes del Frente Amplio entienden que su colega por el Partido Nacional podría haber incurrido en difamación, figura que está encartada en el artículo 333 del Código Penal que expresa: “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables) de multa”.
La conducta también podría estar alcanzada por la ley 19.580, Ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que en su artículo 4 define esa violencia en los siguientes términos: “La violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Quedan comprendidas tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o por particulares”. Así como el artículo 6 que refiere a las “Formas de violencia”, distinguiendo: “G) Violencia simbólica. Que es ejercida a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres. L) Violencia política. Todo acto de presión, persecución, hostigamiento o cualquier tipo de agresión a una mujer o a su familia, en su condición de candidata, electa o en ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad. M) Violencia mediática. Toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
Las denunciantes aseguran haber sido “muy tolerantes” con las actitudes del edil hasta que “la situación ha llegado a tal punto que es necesario poner un punto final a tamañas agresiones personales y mediáticas” y por ello tomaron la decisión de recurrir a la Justicia Penal “ante la imposibilidad de que cese de otra manera en su conducta ilícita”. La denuncia fue acompañada por un conjunto de pruebas que, según Martínez y Villarreal, “evidencian que nos han acusado falsamente en forma pública, violando nuestros derechos individuales, específicamente el derecho al honor cuya protección se consagró en el artículo 7 de la Constitución, ofendiendo también nuestra reputación y dañando nuestra imagen personal, laboral y social, y siendo especialmente violento con relación a nuestra condición de mujeres”.
