La ciudadanía asiste impotente al último acto de una saga de malas decisiones por parte del gobierno nacional en relación con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG). Ante esta situación insostenible, es imperativo que el próximo gobierno del Frente Amplio, como primera medida, realice una Auditoría General exhaustiva a la CTMSG para poner fin al despilfarro y a la falta de transparencia que tanto han perjudicado al país.
El manejo de los recursos públicos en Salto Grande ha llegado a niveles alarmantes. Se ha utilizado dinero público para acomodar amigos y militantes políticos, particularmente de la lista 404, en un acto descarado de clientelismo. Mientras tanto, la ciudadanía ve escandalizada como se solicitan más partidas a UTE para el funcionamiento en Salto Grande, una medida que solo profundiza la desconfianza en un gobierno que parece reírse en la cara de la gente.
Como lo intenté en el Parlamento la interpelación a los responsables debería haber sido el inicio de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la realidad nos muestra que solo se ha desvinculado permanentemente a un puñado de funcionarios, mientras que la mayoría de los contratos directos a militantes de los dos partidos tradicionales siguen vigentes. El Gobierno aseguró que estos ingresos se realizaron “mediante la revisión de currículum vitae y entrevistas personales”, pero esto no es más que una cortina de humo. Los mismos punteros políticos fueron seleccionados bajo el pretexto de cumplir con el perfil, en un proceso que dista mucho de ser transparente.
El uso indebido de recursos no termina aquí. Los ingresos por el cobro de peajes sobre el puente que conecta Salto con Concordia, que alcanzan casi 1,6 millones de dólares al año, han sido gestionados sin la necesidad de crear una “super estructura” con cargos creados a dedo en administraciones anteriores. Hoy, sin embargo, estos fondos se manejan de manera cuestionable, destinándose a financiar la estructura partidaria del gobierno actual.
El Gobierno tampoco ha informado sobre los salarios de estos cargos directos, ocultando deliberadamente la información sobre los funcionarios que fueron acomodados a dedo, aunque esos salarios son pagados con el dinero del pueblo uruguayo. Es inaceptable que se nos niegue el acceso a estos datos, especialmente cuando estos recursos deberían estar siendo utilizados para mejorar la vida de los ciudadanos, y no para financiar campañas políticas.
Además, se ha permitido que un empleado de Salto Grande se retire de forma incentivada con una cifra abultada que ronda el millón de dólares, en un contexto en el que la crisis económica y el desempleo golpean fuertemente a la región. Estos recursos, que deberían haberse destinado a proyectos de responsabilidad social y desarrollo local, han sido despilfarrados sin ningún tipo de control ni supervisión.
Este es más que un simple problema administrativo; es una muestra flagrante de cómo se ha convertido a Salto Grande en un bastión de clientelismo y mal manejo de los recursos públicos. La única manera de enmendar esta afrenta es abordar el asunto con transparencia, decisión y ética. El próximo gobierno del Frente Amplio debe garantizar que Salto Grande cumpla su función de contribuir al desarrollo del país, no ser un agujero negro de despilfarro financiero.
Las declaraciones vacías ya no son suficientes; es hora de acciones concretas para reconstruir la confianza y garantizar una gestión eficiente y transparente en Salto Grande. La ciudadanía merece respuestas claras y una administración que realmente trabaje para el bienestar de todos, no para el beneficio de unos pocos. El 1 de marzo de 2025 exigiré al próximo gobierno nacional el inicio de una auditoría total e independiente.
Álvaro Lima – Diputado Nacional
