Los incendios en el vertedero han sido un problema recurrente. Suceden porque se conjugan diversos factores que activan “accidentalmente” los focos o porque se apela al fuego como una forma práctica de disminuir la basura aglomerada. Lo que ha ido cambiando es el manejo político del asunto. Algunos gobiernos han tratado de convivir con el problema, reconociendo responsabilidades y accionando para minimizarlo, y en otros casos se elige la vía de ignorar lo que sucede en el predio sito sobre el camino a Casa Blanca. También es cierto que las oposiciones políticas, básicamente expresadas desde la Junta Departamental, por su rol de contralor, hacen que el asunto resulte más o menos complicado para el ejecutivo, cualquiera sea éste.
En el quinquenio pasado, de gobierno frenteamplista, el tema estuvo especialmente presente en el legislativo, de hecho en algún llamado a sala se hizo énfasis en el particular. El actual presidente de la Junta (Partido Nacional), entonces edil opositor, destacó en hacer visible lo que calificaba como “desorden, descontrol, falta de gestión y un enorme foco de contaminación en el vertedero municipal”. Incluso ofreció a la Intendencia los servicios de un técnico chileno para un asesoramiento que no tendría costos para los sanduceros. No se conoció si repitió el ofrecimiento en este período.
En el lustro que transcurre algunos ediles opositores, en este caso del Frente Amplio, también han denunciado los reiterados incendios en el espacio destinado a la disposición de residuos sólidos urbanos y sus consecuencias. Ante una postura bastante ajena de la Intendencia, dos ediles intentaron recurrir al Ministerio de Ambiente. Seguramente Sebastián Martínez y Fernando Rodríguez leyeron los objetivos de la secretaría de Estado, creada en el actual gobierno, y no dudaron que desde allí vendrían las acciones correctivas al problema pero, ninguno de los dos obtuvo respuesta.
Sebastián Martínez fue edil suplente en los primeros dos años y medio de la legislatura y en dos ocasiones llevó la situación a conocimiento del ministerio. En el escrito presentado en noviembre de 2021, de idéntico tenor que el formulado pocas semanas después, enteró al entonces ministro Adrián Peña de “el incendio permanente del vertedero». Agregó que “el estado de situación actual es de suma preocupación ambiental, puesto que por parte de la Intendencia Departamental de Paysandú, por medio de su Dirección de Servicios, se lleva adelante una mala gestión que no tiene en cuenta el especial cuidado y orden que se debe de cumplir en un sitio de deposición final de residuos que de por si son contaminantes”. Indicó que para entonces hacía “10 meses” que los focos se sucedían, afectando “la vida de los vecinos de la zona y la producción agrícola ganadera que también sufre las consecuencias de esa contaminación del ambiente”. Ante lo que valoró como “un hecho grave”, el entonces edil reclamó que el ministerio “realice las inspecciones correspondientes”, “se intime a la Intendencia Departamental de Paysandú al cese de esta actividad contaminante para el ambiente”, “se apliquen las sanciones que por derecho puedan corresponder y se controle que no se continúen con estas prácticas así como que se establezcan los mecanismos de prevención de los mismos de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes”.
«Nunca recibimos una respuesta sobre el asunto, o sea que el ministerio no actuó», enfatizó Martínez.
A principios de este año fue el edil Fernando Rodríguez quien recurrió para dar cuenta sobre la “reiteración de incendios”. En el planteo remitido con fecha del 29 de enero detalló que, como otras veces, en las horas previas se percibieron «gigantescas nubes de humo que se trasladaron no solamente alrededor de la zona sino también tuvo alcance en gran parte de la zona sur de la ciudad”, área densamente poblada. Rodríguez sostuvo que el fuego surge de la quema “de plásticos y otros elementos contaminantes que no sólo provoca problemas ambientales sino de salud a personas principalmente alérgicas o asmáticas”. El documento señaló a la Intendencia como “posible infractora” y pidió las medidas pertinentes.
Pero, igual que sucedió a Martínez, a medio año de concretada la denuncia el edil no recibió respuestas. Asume que el ministerio tampoco consideró su planteo. La única devolución que tuvo consistió en una llamada telefónica efectuada por un empleado de una oficina local que funciona “a puertas cerradas”, “de manera bastante misteriosa”.
Oportunamente y también vía telefónica, LA TRIBU consultó ante esa dependencia respecto a cómo se procesarían estas denuncias. Se nos indicó que debíamos solicitar la información a un área que funciona en Montevideo, a través del correo electrónico. Cumplimos el trámite pero tampoco recibimos devoluciones.
En el marco de su objetivo de ayudar a las intendencias a eliminar los vertederos a cielo abierto, el Ministerio de Ambiente aportó un millón de dólares al gobierno de Paysandú para impulsar ese proceso aunque nunca se explicó, con claridad, el destino concreto de esos recursos. Es de suponer que, de alguna manera, hayan colaborado con la compra de la planta de clasificación y encapsulado, que costó algo más de medio millón de dólares, y la generación de la infraestructura para su puesta en marcha. La operativa del equipamiento está a cargo de un tercero, resultado de un acuerdo poco ventajoso para los sanduceros.
Hace algunas semanas, el propio subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, reconoció “algunas dificultades con la operativa de la planta, por un problema técnico y de equipamiento de la maquinaria que allí funciona. Como Ministerio de Ambiente trabajamos en forma conjunta con los técnicos departamentales para lograr avanzar en el cierre del vertedero, la cobertura que tiene que haber de alguna manera para terminar de cerrarlo en condiciones ambientalmente óptimas y deje de ser un elemento de afectación y contaminación”. Agregó que “hay plazos establecidos y un programa coordinado entre el ministerio y la Intendencia departamental. Esperamos que este año, al finalizar 2024, se termine ese proceso de cierre y la operativa de la planta –que al principio comenzó muy bien y tuvo ese desperfecto–, realice su actividad junto a los trabajadores que tienen otras condiciones”. En diálogo con El Telégrafo, Amarilla recordó que “hace pocos años, falleció una persona allí por trabajar en condiciones insalubres” y aseguró que ahora las condiciones han mejorado, afirmación cuestionada por los propios hurgadores.
Sin aludir a las denuncias detalladas, el funcionario reconoció que el humo que surge de la quema de la basura genera afectación ambiental. Respecto a la muerte del hurgador Brian Pintos, es bueno recordar que ni la Justicia ni la propia Intendencia, cada cual en su órbita, han conseguido establecer responsabilidades sobre el trágico hecho sucedido el 16 de octubre de 2021.
Mientras tanto, para el general de la comunidad el asunto del basurero no resulta un problema convocante; parece que nos desentendemos del tema en el mismo momento que tiramos nuestros desechos en la volqueta.
