Con fecha del 30 de julio de 2020 el entonces intendente de Paysandú, Mario Díaz, remitió a la Junta Departamental la solicitud de anuencia para la contratación de un fideicomiso por hasta 250.000.000 de Unidades Indexadas, al tipo de cambio del momento unos 25 millones dólares, con un año de gracia, un plazo de amortización total de 20 años y pagos semestrales con afectación de los recursos generados por Sucive siendo el fiduciario República AFISA.
El proyecto llevó el título de “Plan de infraestructura para el desarrollo y la generación de empleo” y su objetivo era “la ejecución de un Plan de Obras Públicas para la reactivación económica del Departamento”. La contratación del fideicomiso fue definida con el propósito de contar con una herramienta que favoreciera la generación de oportunidades de trabajo en un contexto caracterizado por un índice de desempleo en el eje del 12% y por la afectación que generó de pandemia. “Considerando la importancia de la construcción como tractor en la recuperación de la actividad económica se propone la ejecución de un conjunto de proyectos de obras como dinamizadores del tejido económico y productivo del departamento; generador de oportunidades para las empresas del medio, puestos de trabajo local y su consiguiente efecto de derrame económico y social en su más amplio espectro”, fundamentó el Ejecutivo en el documento remitido a la Junta y presentado ante la sociedad en general.
Se podría afirmar que el espectro político entendió prontamente el sentido del endeudamiento especial, rápidamente aparecieron frases que referían a que esa fuente de financiación tendría que ser destinada al sustento de “obras extraordinarias”, como evidencia de que sólo así valdría la pena tomar un compromiso de esas características. No obstante hubo intensas negociaciones sobre la priorización de las inversiones a desarrollar. En buena medida, el apoyo político que demandó el plan estuvo condicionado a las intervenciones que se incluyeran la lista de las obras ejecutables con esos fondos. Dado que el compromiso trascendió el período de gobierno en el que se gestó debió contar con el respaldo de dos tercios del legislativo departamental.
En la noche del 31 de agosto de 2020 la Junta otorgó la autorización para contratar el fideicomiso con el voto favorable de 26 ediles en los 31 presentes en sala, habilitación que se formalizó en el Decreto 8093/2020. En su artículo segundo establece que “Dicho fideicomiso se contratará para la ejecución del listado de obras alternativas que se detalla a continuación (con la excepción prevista en el artículo 3° del presente decreto), siendo potestad de la Administración que ingrese el 27 de noviembre próximo la selección para su ejecución de aquellas que estime convenientes y prioritarias”, sin que exista la posibilidad de que los costos superen el total del endeudamiento habilitado. Con ese marco, la Junta reconoció al intendente la posibilidad de optar entre una lista de 43 posibles intervenciones pero aseguró los recursos para el interior que aparecen expresados al final de la referida nómina, en el renglón 44, bajo la nominación «Proyectos a definir en acuerdo con los Concejos de los Municipios y las Juntas Locales» con una dotación de 48.913.043,48 Unidades Indexadas, unos 5 millones de dólares.
El tercer punto del decreto, promulgado por el intendente Díaz pocas horas después de su aprobación, expresa que “del total del endeudamiento a contratar el 20% del mismo (o sea hasta 50.000.000 de UI), deberá ejecutarse en obras a realizarse en el interior del departamento, las que serán definidas en acuerdo con los Concejos Municipales y Juntas Locales designadas por el gobierno entrante luego del 27 de noviembre próximo”. La excepción del segundo artículo y la claridad del que le sigue parecen echar por tierra cualquier idea que tienda a considerar que la referencia al interior no resulta condicionante y que, como sucede con otros renglones de la lista, la ejecución o no de esas intervenciones dependerá de la voluntad política del gobernante.
“Estaba claro y expreso que el 20% de los recursos del fideicomiso se tienen que destinar al interior. Eso está escrito, está firmado, estaba expresamente marcado”, reivindicó Mario Díaz. “La definición de las obras de cada sitio debe ser con los gobiernos locales, con la gente de cada lugar. Creímos que no podíamos imponer esa definición y sigo pensando lo mismo, hay que habilitar la participación de los beneficiarios”, detalló.
Entonces el texto de la Junta no deja dudas en cuanto a la inclusión del interior del departamento en la ejecución de estos fondos. Es cierto que la definición de no más de cinco millones de dólares para siete municipios y dos juntas locales sigue generando algún rechazo en tanto se considera que la cifra resulta escasa, especialmente si es que, como parece desprenderse del texto, deben ser considerados los nueve territorios. Aunque Díaz explicó que habían pensado que la distribución debería surgir de “un proceso de intercambio donde se defina un orden de prioridades” y no necesariamente de un reparto resultado de una división.
No aparece demasiado explícita la voluntad del gobierno departamental del Partido Nacional con respecto al asunto en un contexto donde, en general, no se conoce con exactitud el nivel de ejecución del fideicomiso. La comuna no brinda toda la información que sería esperable, de hecho no ha contestado algunos pedidos de informes que abordan la temática. Es más, lo que se percibe a primera vista no siempre confirma el enunciado de que estos recursos vinieron a solventar obras extraordinarias.
El 23 de junio de 2021 “El Telégrafo” publicó una nota titulada “La Intendencia ya definió seis de las obras que hará con el Fideicomiso” en la que el secretario general y el director de Administración anunciaron: «“está definida la inversión en los centros termales de Guaviyú y Almirón”, considerando que “hoy, en las condiciones que están, no hay un servicio acorde al potencial turístico que tienen las termas (…) En este caso, lo previsto en el documento aprobado por la Junta incluye jerarquizar el potencial turístico termal de Paysandú, a través del desarrollo de nuevas instalaciones y equipamientos…». En los últimos meses se señaló que la compra de bombas de calor para elevar la temperatura de las piscinas de ambos complejos se sostendría con recursos de aquel origen pero estas inversiones no fueron votadas por la Junta; de hecho estas incorporaciones vienen a enmendar una carencia que se agravó con las obras de ampliación de las piletas. Conviene aclarar que en el documento que surgió de la Junta las intervenciones en los centros termales no quedaron incluidos dentro del 20% que se debe destinar al interior; de hecho para Termas de Guaviyú se reservó un millón de dólares para el denominado “Proyecto FDI” y para Termas de Almirón unos 250.000 dólares para “Proyección de traslados de ingresos”.
Parecería que a nivel de las localidades no existe una posición tendiente a demandar un proceso de discusión sobre estos recursos, mientras que los concejales que han requerido información sobre el tema no encuentran más que evasivas.
