En la edición 355 de Crónicas del Este, publicada el viernes 26 de abril de 2024, se publicó una nota de nuestra autoría en la que se hace un repaso de las denuncias presentadas ante la Justicia que vinculan a la Intendencia de Paysandú y se señala el escaso avance que registran esos trámites. Adjuntamos la nota, de manera textual.
Escribe Eduardo Rodríguez
Varias denuncias formuladas en los últimos años contra la Intendencia de Paysandú presentan la característica común del escaso o nulo avance. Las solicitudes de investigación refieren a temas diversos como la necesidad de esclarecer una muerte sucedida en un espacio municipal, respecto a decisiones de gobierno y sobre la conducta de algún jerarca.
Muerte por aplastamiento en el vertedero
El lunes 6 de noviembre de 2021 Silvia Ruiz formalizó el pedido de investigación por la muerte de su hijo, Brian Pintos. Una máquina de la Intendencia aplastó al joven, según confirmó públicamente la fiscal del caso, doctora Carolina Martínez, sobre la causa del fallecimiento. El hecho sucedió en la madrugada del sábado 16 de octubre, de ese año, en el vertedero de la comuna y en condiciones que hasta el momento no se han investigado. Al momento del fallecimiento el hombre de 28 años se encontraba descansado junto a una fogata, en el propio basurero. La situación reveló que la Intendencia no cumplió con un protocolo aprobado en el quinquenio anterior que prohibía el ingreso de hurgadores durante las noches. Los compañeros de Brian denunciaron que, por la vía de los hechos, un empresario argentino que generó un acuerdo con la comuna para el procesamiento de residuos y la recuperación de material reciclable tenía el control del espacio y que favorecía la extensión de la jornada de trabajo para aumentar la productividad. Quienes aquella noche estaban junto al joven apodado “el cube” no fueron convocados a declarar. A pesar de que varios ediles han solicitado los resultados de la investigación administrativa, la Intendencia nunca brindó esos datos. Algunos funcionarios aseveran que quien conducía la máquina continúa al volante de un vehículo municipal, aunque en otra área. Ante consultas periodísticas, la fiscal se amparó en el secreto del sumario.
El funcionario de confianza política que usufructuó una casa de la intendencia
El intendente de Paysandú podría haber caído en la figura de abuso del cargo cuando decidió ceder un inmueble de la comuna en beneficio de un jerarca que la ocupó como casa habitación. Desde finales de 2020 y hasta junio de 2022, Lucas Facello estuvo viajando desde su lugar de residencia, Tacuarembó, para ocupar la titularidad de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Paysandú y con ese propósito permanecía en el inmueble de lunes a viernes. Esa utilización habría resultado de un “procedimiento anormal” y “del ejercicio indebido del poder público, con pleno conocimiento e intención” expresa el doctor Federico Álvarez Petraglia en la denuncia que presentó el lunes 22 de noviembre de 2021. La cesión de la conocida localmente como “casa del intendente”, sita en calle Uruguay 568, está reñida con la normativa; “no existe autorización de especie alguna que permita esta utilización por parte de la Intendencia en beneficio particular de un funcionario de confianza política”. Facello percibía un salario para la tarea que se le encomendó y el Estatuto del Funcionario de la Intendencia no prevé la posibilidad de pago de salarios en especie. En consecuencia, “al no estar fundado jurídicamente en ninguna norma, deviene claramente en arbitrario”, argumentó el penalista y enfatiza que la decisión fue “irregular, al no existir norma que avale tal proceder y estar inficionado el acto por no haber sido dictado para satisfacer una necesidad de carácter público de interés general, sino de carácter privado, lo que claramente le está vedado a las autoridades departamentales”. Señala que esa utilización de un bien púbico también implicó perjuicio a la administración. Han transcurrido casi 30 meses de la presentación sin que se haya designado fiscal, según confirmó el denunciante en las últimas horas.
La escandalosa llegada de la Fundación A Ganar
Como resultado de un proceso cuyo “formato es inadecuado, violatorio de la Constitución y de la ley”, en 2021 desembarcó en Paysandú la Fundación A Ganar, cuyos responsables son connotados nacionalistas, cercanos al presidente Lacalle. En los últimos años la ONG ha conseguido una gran cantidad de contratos con el Estado. De hecho el llamado que habilitó su llegada a suelo sanducero se diligenció en el mismo momento que uno de Durazno; llamativamente ambos textos presentan, básicamente, el mismo contenido y hasta las mismas faltas de ortografía. El intendente Olivera defendió la precarización de algo más de 130 trabajadores de ocho CAIF y un Centro Siempre con el argumento de un ahorro anual de 14 millones de pesos en tanto la fundación está exonerada de aportes patronales. Pero en realidad el privado terminó actuando como un suministrador de mano de obra barata y al momento, según denuncias del gremio de los municipales, tendría entre 300 y 400 empleados cumpliendo las más diversas tareas de la Intendencia. El viernes 2 de diciembre de 2022 once ediles del Frente Amplio pidieron a la Justicia que se investigue el vínculo entre intendencia y fundación pero al momento la denuncia no tiene fiscal asignado. Llamativamente, el caso no ha sido de interés para el BPS ni la DGI, aunque desde el ámbito político se insiste en los conceptos de evasión y defraudación. La denuncia recuerda que el Tribunal de Cuentas observó el procedimiento utilizado para la contratación de la ONG. En cuanto al convenio entre la Intendencia y el INAU para la gestión de los CAIF resulta notorio que el intendente “por sí y ante sí” decidió modificar la estructura de la relación del acuerdo; en ese caso pareciera que la situación se zanjó en el ámbito político. Los denunciantes hablan de eventuales delitos de conjunción del interés personal y público y de abuso de funciones.
Secretario general denunciado por difamación
En el proceso electoral anterior Alberto Severo militó para el actual intendente, incluso constituyó su lista propia, la 18 (PN). Algunos meses después de asumir el gobierno, en febrero de 2021, el intendente Olivera dispuso su ingreso a la Fundación A Ganar. El puesto de trabajo no llenó las expectativas de Severo que manifestó su desilusión en una conversación de WhatsApp que se hizo viral. El hecho provocó el rechazo del jerarca y su círculo más inmediato. La relación ganó en tensión hasta que en marzo de 2022 fue notificado de la baja por notoria mala conducta, acusado de apropiarse de unas chapas que habían sido desechadas en el parque municipal. Severo asegura haber sido víctima de “una cama”, el costo por haber sostenido una posición crítica con el gobierno. Sin investigación alguna, el secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, ordenó el cese de Severo por notoria mala conducta. En agosto de 2022 el exfuncionario denunció a Farinha por Difamación pero ese caso tampoco ha tenido avances hasta el momento.