Según supo “La Tribu”, en una reunión que se desarrolló “en un clima de cordialidad”, el intendente se comprometió a atender todos los pedidos “desde hoy mismo” aunque aclaró que la devolución del vehículo podría demorar algunos días por motivos operativos.

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Además de la cuestionable legalidad de la situación, quienes la denuncian plantean como injusto que un funcionario que recibe un salario mensual nominal de 100.317,81 pesos tenga, además del preciado sueldo, la ventaja de tener casa y servicios básicos sin costo. Se entiende que la retribución le permitiría, quizás apretándose un poco, pagar un alquiler y llegar a fin de mes.

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De acuerdo a los datos primarios en poder de estos legisladores, la intervención, que aparentemente se concretó en el transcurso de la semana de turismo, habría demandado una inversión muy considerable y podría haber incluido, entre otras mejoras, la renovación de mobiliario y la supuesta incorporación de algún equipamiento cuya presencia, de confirmarse, desataría alguna polémica.

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