La petición se realizó al amparo de la Ley Nº 18.381, Derecho de acceso a la información pública, y se formalizó el 9 de marzo de 2021. La norma establece que: “Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales”. Sin embargo la Intendencia dejó transcurrir el primer plazo establecido sin responder y sin solicitar la prórroga, que si se hubiese pedido entonces también ya habría expirado.

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