Además de la cuestionable legalidad de la situación, quienes la denuncian plantean como injusto que un funcionario que recibe un salario mensual nominal de 100.317,81 pesos tenga, además del preciado sueldo, la ventaja de tener casa y servicios básicos sin costo. Se entiende que la retribución le permitiría, quizás apretándose un poco, pagar un alquiler y llegar a fin de mes.

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