La petición se realizó al amparo de la Ley Nº 18.381, Derecho de acceso a la información pública, y se formalizó el 9 de marzo de 2021. La norma establece que: “Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales”. Sin embargo la Intendencia dejó transcurrir el primer plazo establecido sin responder y sin solicitar la prórroga, que si se hubiese pedido entonces también ya habría expirado.

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Lamentablemente la urgencia con la temática Trata de Personas quedó nada más que en palabras, ya hace casi dos meses de la reunión donde se dijo íbamos a tener respuesta. Ojalá se tome consciencia de que es grave, que en estos tiempos con muchas formas de vulnerabilidades hay que trabajar seriamente y que no todo quede sólo en las palabras.

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“No termino de entender qué tipo de compromisos puede tener un intendente departamental con este muchacho, con un proxeneta, como para no poder echarlo cuando no le tembló el pulso para echar a 130 funcionarios de los CAIF u otras 300 o 400 personas entre eventuales y de las cooperativas sociales».

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… “al día de la fecha- y desde la finalización del anterior período de gobierno- DINALI no mantiene ningún convenio” con la Intendencia de Paysandú “así como tampoco ningún pasante de DINALI se encuentra actualmente cumpliendo funciones allí, no habiendo ingreso nuevo por DINALI, desde hace más de dos años; reiterando que esta Dirección Nacional no mantiene ningún vinculo con la Fundación “A Ganar””.

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