Anuncian remate del predio de la ex Coleque; gobierno departamental seguiría sin ejecutar acuerdo institucional para intentar acceder al dominio del inmueble

Foto: Quebracho Digital XXI

Según confirman a “La Tribu” algunas personas que han realizado un seguimiento muy cercano del proceso, finalmente la Justicia habría determinado la concreción del remate del predio y la planta de la ex Coleque y ahora los funcionarios actuantes estarían trabajando para fijar la fecha de la realización de la subasta así como en el diseño de las acciones de promoción del acto. Indican que el remate, promovido por República AFISA que adquirió el pasivo que la ex industria lechera quebrachense originó con el Banco de la República y que ahora intenta ejecutar esos créditos, se iba a realizar hace poco más de dos años. Entonces la Intendencia activó negociaciones para que aquel extremo no se concretase y diseñó un mecanismo, avalado por la Junta Departamental,  para intentar que el inmueble pase al dominio departamental, tal como se reclamó desde Quebracho. Sin embargo, desde finales del 2019 hasta la fecha la comuna no habría formalizado el acuerdo establecido en aquellas negociaciones lo que implica que ahora se pretenda consustanciar esta medida. De todas formas nuestras fuentes entienden que el gobierno departamental aun estaría a tiempo de cumplir con un compromiso institucional resuelto con el más amplio apoyo político.

Los hechos, brevemente

En sesión extraordinaria que se desarrolló el jueves 26 de diciembre de 2019, la Junta Departamental de Paysandú aprobó el Decreto 8029 concediendo a la Intendencia la anuencia para “la suscripción de la promesa de cesión parcial del crédito y total de garantía hipotecaria por la deuda generada por la ex Cooperativa Lechera de Quebracho (COLEQUE) a través de República AFISA”. El texto también determina que el monto que la comuna debe pagar por “la cesión del crédito” es de 175.000 dólares, “más el agregado de intereses de financiación y se podrá integrar mediante cinco amortizaciones anuales y consecutivas de 35.000 dólares”, cuyo primer pago se debería efectivizar en 2021 en tanto la Intendencia había conseguido con AFISA “un año de gracia desde la aprobación” del Decreto.

Los intereses ascenderían a 52.500 dólares, lo que implicaría que el negocio demandará una inversión de 227.500 dólares.

La anuncia de la Junta resultó por unanimidad en 29 ediles presentes en una sesión que fue cerrada con aplausos de autoreconocimiento de los ediles así como de algunos quebrachenses que siguieron la reunión desde las barras.

A instancias del Concejo Municipal de Quebracho y de “las fuerzas vivas” de la ciudad que coinciden en el objetivo “de obtener el terreno de explanta de Coleque para llevar adelante planes de desarrollo para la zona”, la Intendencia pidió anuncia para “la suscripción de una promesa de cesión parcial del crédito por la deuda” que, según comunicó, debía formalizar “con plazo máximo 30/12/2019” al tiempo que refería a que República AFISA había recibido “varias propuestas formales” de interesados en el inmuebles, las que representaban competencia para la aspiración sanducera, y particularmente quebrachense.

En el ámbito de la Junta la discusión sobre la iniciativa del Ejecutivo se desarrolló en la Comisión de Hacienda y Cuentas de la que surgieron dos informes: uno en mayoría (impulsado por el entonces oficialismo, los ediles del Frente Amplio Francisco Gentile, Sonia Freitas y Roberto Ciré) y otro en minoría que redactó el edil Marcelo Tortorella del Partido Nacional. Si bien éste edil enfatizó en argumentos contrarios a la propuesta oficialista terminó retirando su estudio para acompañar la postura mayoritaria, igual que toda su bancada.

Los argumentos a favor de la solución planteada por la Intendencia

El informe de mayoría no abundó en fundamentaciones que sustentaran la anuencia limitándose a  referir al apoyo popular que la iniciativa tendría en Quebracho en tanto el predio se utilizaría «para llevar adelante planes de desarrollo para la zona».  Los ediles frenteamplistas que argumentaron su voto no expresaron con claridad alguna idea concreta respecto al eventual destino del predio y la planta; la única insinuación, más o menos general, fue que esa tierra podría albergar viviendas.

Es cierto, el acuerdo político gestado entonces establecía que primero había que asegurar el inmueble para el dominio público y después se consideraría qué hacer en él.

Los argumentos en contra: un proceso «engorroso» y «riesgoso» 

El edil Tortorella aclaró que “la cesión del crédito es un contrato en el cual participan el antiguo y el nuevo acreedor, que se denominan cedente (AFISA) y cesionario (IDP), pero por el cual NO se transmite ni la titularidad del inmueble hipotecado, ni tampoco se confiere la ocupación inmediata del mismo. Lo único que se obtendría de celebrarse el contrato que propone el señor intendente, sería obtener la titularidad de un crédito, donde en tal caso el nuevo acreedor (IDP) se subrogaría en la posición jurídica de AFISA para poder, posteriormente, y mediante un remate judicial, eventualmente realizar la postura en la subasta pública y adjudicarse así la titularidad del inmueble”.

En su informe enfatizó en que “la cesión de crédito propuesta no garantiza que en el subasta la IDP resulte ser el mejor postor porque concurrirá con ventaja pero no con la seguridad de que el inmueble sea finalmente rematado y adjudicado a la Intendencia Departamental de Paysandú”. Para el edil, de profesión abogado, el “proceso resulta muy engorroso y además riesgoso” dado que no hay garantías de que la inversión, más todos los costos que surjan de la operativa, aseguren que el inmueble pase al dominio departamental.

Tortorella también denunció que la Intendencia de Paysandú, a través de los funcionarios que comparecieron a la comisión temática, no logró despejar las dudas que surgen de “toda esta ingeniería jurídica”. Finalmente el edil proponía “como alternativa conveniente y por ser la salida más ventajosa desde el punto de vista económico para el erario departamental” que la comuna avanzara en la expropiación del padrón Nº 7.828, según las disposiciones “de la Constitución de la República y la Ley Nº 3.958 y modificativas”, considerando el valor catastral que en aquel momento era de 290.631 pesos.

La anuncia fue respaldada por los entonces oficialistas: Ambroa, Valiente, Ciré, Cravea, Gentile, Fernández, Freitas, Leites, Listur, Castagnin, Bóffano, Medina, Vega, Cánovas y Pastorini, que presidía la corporación. Los nacionalistas: Bica, Castrillón, Moreira, Teske, Pizzorno, Álvarez, Gómez, Báez, Martínez, Benítez, Dalmás, Genoud, Tortorella; y el edil por el Partido Colorado, Edgardo Quequín.