Propietario de astillero reivindicó las condiciones de la lancha “Pájaros Pintados III”, lamentó que las actuales autoridades departamentales no lo hayan escuchado todavía y reconoció que las denuncias afectaron su empresa

Foto: Lancha «Pájaros Pintados III» – Intendencia de Paysandú.

Gonzalo Ugolini, propietario del astillero que construyó la embarcación “Pájaros Pintados III”, encargada por el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Paysandú, enfatizó en que la embarcación está apta para navegar y ofreció los registros de todos los peritajes que se efectuaron a la unidad. El empresario dijo que la nave, en poder de la comuna, está en garantía y dijo que estaría dispuesto a pagar nuevos peritajes, si es que existieran interrogantes respecto a su funcionalidad.

Ugolini indicó que está a la orden para aclarar todas las dudas que tanto el Ministerio de Turismo como la Intendencia de Paysandú tengan sobre el proceso que terminó con la entrega de la lancha y lamentó no haber podido hablar, hasta el momento, con las actuales autoridades sanduceras, a pesar de que en varias ocasiones fue invitado a participar en reuniones, tanto presenciales como a través de internet, sin que se formalizará ninguna de esas instancias. Incluso, relató que en una ocasión aguardó durante varios minutos a un funcionario de la comuna en una conexión de Zoom sin que la persona asistiera. Además descartó que haya sido convocado para prestar declaraciones en alguna instancia administrativa.

El empresario insiste en que la lancha es nueva y aclara que fue armada con un casco “que estaba probado”, asevera que la construcción se concluyó en el tiempo estipulado y que se entregó con todos los papeles que se exigen para la matriculación, pero que la acción de registro correspondía al comprador.  

Ugolini, vinculado a Paysandú por motivos familiares y comerciales, lamentó profundamente la situación en la que se ve involucrado. Dice que se siente “en medio de un fuego cruzado” que se origina por motivos políticos y afirma que la exposición pública del conflicto ha implicado que su empresa sufra pérdidas considerables, tanto por los pedidos que fueron cancelados como por el eventual deterioro en la consideración de sus servicios. No obstante, por el momento, descartó que piense iniciar acciones judiciales para exigir reparaciones.  

Valora que las denuncias formuladas en contra de su empresa, tanto por parte del Estado nacional como de la Intendencia de Paysandú, atentan contra sus posibilidades de trabajar y considera que tiene derecho a pensar que “detrás de todo esto podría estar la competencia”.    

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