Contundente: el Tribunal de Cuentas observó la contratación de la Fundación A Ganar

Escribe Dr. Federico Álvarez Petraglia.

En la sesión del 9 de junio de los corrientes, el Tribunal de Cuentas se pronunció sobre la contratación por parte de la Intendencia de Paysandú (IDP) con la Fundación A Ganar, y en mayoría observó dicha contratación en los siguientes términos:

Como se podrá apreciar, para la mayoría del Tribunal el formato elegido para la contratación es inadecuado, violatorio de la Constitución y de la ley (el TOCAF es eso, un ley). Por las cifras que involucra debió haberse seguido los trámites de una licitación pública, lo que conlleva una serie de garantías en cuanto a los plazos, oferentes, etc., que aquí deliberadamente no se cumplieron. Obviamente el Tribunal no dice cuál es la razón para esas omisiones, pero todos en Paysandú sabemos que el apuro que existía por parte del Intendente era para que esto saliera rápidamente, de forma y modo de dejar sin empleo a 130 funcionarios municipales que prestaban tareas en los Caif y así fueran absorbidos por la institución que ya tenía arreglado que asumiría el gerenciamiento licitado. Vale decir, y tal como se afirmó hasta el cansancio, la IDP violó todas las reglas de contratación administrativa con el fin de obtener el único fin que la motivaba en esta ocasión, evadir el pago de los aportes patronales al Banco de Previsión Social (BPS) por los 130 funcionarios, es decir, el pago de 14.000.000 de pesos al año que iban al sistema previsional nacional, para contribuir, entre otras cuestiones, a los seguros de paro necesarios para hacer frente a una de las consecuencias de la pandemia que hoy nos azota.

Lo dijimos antes y lo reiteramos aquí, la contratación de la Fundación A Ganar es completamente irregular, violatoria del orden jurídico, y como también lo sostuvimos, sólo se persiguió con su contratación evadir los aportes a un órgano del Estado.

Asimismo, el Tribunal por mayoría sostiene que la contratación de la fundación en cuestión no vulnera el convenio firmado por la IDP con el Inau, no existiendo una cesión de contrato entre la IDP y la fundación.

Ahora bien, esta segunda parte de la decisión del Tribunal es fuertemente controvertida por parte de varios de sus integrantes, quienes señalan con claridad meridiana que se terminó dictando resolución sobre ese punto contando solamente con la información que envió la IDP, no habiéndose esperado a que el INAU contestara el oficio enviado en su momento.  

Se destaca inclusive que al menos a tres integrantes del Tribunal les consta que existe un informe del Director de Jurídica del INAU que no figura en el expediente, ya que, como se dijo, para emitir esta resolución no se esperó la respuesta del organismo requerido, informe que es contrario a la postura que sostiene en este caso la mayoría. Vale decir, se adopta la decisión con los informes jurídicos que son favorables a la postura que defiende la IDP y que en el INAU fueron elaborados como respuesta a los requerimientos de la directora Argenzio.

No obstante, y aún habiendo considerado solamente la información remitida por la IDP, y sin aguardar la información completa que se solicitó al INAU, el informe suscrito en mayoría por los integrantes del Tribunal de Cuentas constata serias irregularidades, las que deberían considerarse en conjunto con las irregularidades detectadas por al menos tres integrantes del Tribunal en su informe.

Así, a los aspectos ya señalados debemos sumar el siguiente rosario de anomalías que son constatadas por el Tribunal:

1°. Se constata que el trámite debió tener una publicidad de 15 días hábiles, aunque si se hubiera fundamentado debidamente, cosa que no se hizo, dicho plazo se podría haber acortado a 5 días hábiles, pero jamás a 3 días hábiles como pasó en este caso.

La pregunta es obvia y su respuesta también, la urgencia era marcada a voz en cuello por el Intendente: acá hay que ahorrar, y para ahorrar hay que cesar a todos los funcionarios y tomarlos por la vía ya diseñada; de ahí esta monstruosidad que hemos denunciado, de que, a un tema de esta trascendencia y delicadeza (la educación de los más pequeños y la fuente de trabajo de más de un centenar de personas), se le dio una publicidad de tres días hábiles en medio de las fiestas tradicionales. Es incuestionable que con este tipo de procedimiento se terminó vulnerando principios legales y constitucionales muy caros a la contratación administrativa, como son el de igualdad de los oferentes, el de publicidad, etc., todos recogidos en el artículo 149 del TOCAF.   

 2°. En lo que tiene que ver con el considerando 2° de la resolución, se afirma que no sólo se violentó con la descripción del sub factor “Propuesta Curricular” el inciso 1° letra A del artículo 48 del TOCAF, sino que en el pliego se constatan indefiniciones, contradicciones y cláusulas ambiguas.  

Demás está señalar cuál es nuestra interpretación respecto a las razones que llevaron a que ocurriera lo que esta observación del Tribunal señala, sin perjuicio de lo cual, no podemos dejar de destacar que daría la impresión de que se opta por esta indefinición o contradicción en cuanto a los criterios para seleccionar la propuesta atento a que todo esto se hizo en tiempo récord y con una intencionalidad fraudulenta, lo que lleva a que se arregle o maquille el llamado de acuerdo a lo que sea necesario para cumplir con el fin propuesto.

3°. Se afirma en forma coincidente con el considerando 3° de la resolución, que es correcta la observación en cuanto a que se vulneró el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República (la que dispone que el tribunal debe “Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes. Si el ordenador respectivo insistiera, lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto), pero no se hace el suficiente hincapié en lo que informa el Contador Auditor con fecha 29 de enero de 2021 cuando informa: “La compra no ingresó al sistema SIAB (sistema de abastecimiento de compra) sino que ingresó por expediente por Resolución del intendente”.

Lo que se acaba de señalar, da cuenta que el Sr. Intendente de Paysandú por sí y ante sí, decidió que la Constitución no rige para el contrato y los pagos de la Fundación A Ganar, y decide que lisa y llanamente no se cumpla con un precepto constitucional porque necesitaba pagar rápidamente algo que ya tenía acordado con la “ganadora”. La manipulación, ya no sólo del pliego de condiciones, sino de los procedimientos para la intervención del contador auditor y así eludir el control del Tribunal de Cuentas, queda completamente al descubierto comprometiendo la responsabilidad de quien dio la orden.

4°. Queda acreditado para el Tribunal que el Cr. Diego Thomasset, quien era el contador delegado de ese organismo, fue designado Director General de Administración el día 26 de noviembre de 2020 y recién cesado en su calidad antes descripta el día 28 de diciembre de 2020, vale decir, que durante ese mes coincidió en la misma persona controlante y controlado. Esa irregularidad tiene la particularidad que el mismo día que se comunica ese cese, el 28 de diciembre, el contador en cuestión intervino en la modificación de las condiciones particulares del pliego que nos ocupa.

Lo expuesto debe llevar a la reflexión sobre el papel que cumplió ese funcionario de confianza, atento a que éticamente no es de recibo sostener que por inadvertencia acumuló ambos cargos incompatibles en su persona, debiendo ser su conducta observada y analizada por la JUTEP, a la luz de lo que dispone la ley N° 19.823, sin perjuicio de ulterioridades del punto de vista penal. Esto demuestra que el apuro del Intendente era tal, que no se cuidó siquiera la responsabilidad del Contador delegado del propio Tribunal; es claro que el fin termina justificando los medios. 

5° En la resolución también se señala algo que venimos argumentando hace tiempo, la Fundación A Ganar le termina vendiendo un servicio a la IDP, servicio que se encuentra atrapado por el Impuesto al Valor Agregado, tributo que, por supuesto, no fue contemplado ni es debitado por los involucrados.

Así, se expresa en la resolución: “Según el Pliego de Condiciones Particulares del llamado tiene como objeto el “Gerenciamiento de Recursos Humanos para la Intendencia de Paysandú”, este llamado en general debe dirigirse a proveedores que presten dicho servicio y que cumplan con las condiciones para contratar con el estado. Dicho objetivo implica el gerenciamiento de los Recursos Humanos provistos por la Intendencia de Paysandú.  En particular si hablamos de un servicio debería tenerse en cuenta que los mismos se hallan gravados por el Impuesto al Valor Agregado Tasa Básica, según lo dispuesto en el Texto Ordenado Título 10 artículo 2 literal b**, gravamen que no consta en los pagos ya realizados y cuya exoneración específica no fue requerida en el Pliego de Condiciones Particulares como sí se exige para los aportes patronales. Es en ese sentido que en los Criterios de Evaluación (capítulo 1.14) Entidad Cultural o Educativa expresamente se informa que  para la asignación de  puntaje “Se adjudicarán 10 puntos a toda organización registrada como Entidad Cultural o Educativa en el Ministerio de Educación y Cultura (Art. 69 de la Constitución de la República) con Resolución del Banco de Previsión Social de Exoneración de Aportes Patronales. Las instituciones oferentes deberán presentar copia simple de ambas resoluciones de los organismos respectivos.

6° Otro aspecto muy llamativo que señala la resolución en análisis es que el objeto del llamado es amplísimo, pero a continuación se acota los posibles oferentes a ONGs o Fundaciones con la particularidad señalada de que tuvieran a su favor Resolución del BPS de estar exoneradas del pago de aportes patronales.

Dice el Tribunal que: “Si luego analizamos la SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES 1.1 OBJETO, vemos  que la definición del objeto es ambigua en la medida que  el llamado  para el servicio se acota a  Organizaciones No Gubernamentales  y a Fundaciones, con la particularidad que las prestaciones a desarrollar por dichas organizaciones se limita al desarrollo de los objetivos por la cual fueron creada, y agregó, sus exoneraciones de aportes patronales están directamente vinculadas al cumplimiento de sus objetivos. Seguidamente se explicitan las áreas a atender dentro de la Intendencia de Paysandú, con una generalidad  que hace difícil precisar el objetivo,  al  llamar a interesados  a prestar servicios de “Gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, servicios generales, entre otras, de la Intendencia Departamental de Paysandú” y agrega  que se incluye preceptivamente la atención a los siguientes programas “…*Programas Sociales *Programas Culturales * Programas Deportivos * Programas Áreas Verdes * Programa Desarrollo Departamental y Local”. Resulta contradictorio la limitación en los oferentes, y una amplitud de las áreas a atender que restringe mucho la competencia  y la concurrencia de oferentes”.

Tal cual lo venimos denunciando hace meses, es obvio que no se persigue con este llamado una competencia abierta a todos aquellos que pudieran brindar el servicio requerido, no Señor, acá queda muy claro que el objetivo del Intendente era buscar a esta Fundación amiga, la cual además contaría con Resolución de BPS exonerándole del pago de los aportes patronales. Una vez más preguntamos ¿qué quería hacer el Intendente de Paysandú con esta contratación? Pues no pagar los aportes patronales; ¿qué logró el Intendente de Paysandú con esta contratación? evadir el pago de los aportes patronales, aportes que deberían haberse abonado por parte de la Intendencia como por cualquier hijo de vecino.

7°. Se señala también en la resolución que llama la atención que el objeto de la Fundación A Ganar sea promover el desarrollo económico, social, cultural del ser humano, con particular atención en los jóvenes en riesgo social, o más adelante jóvenes o adultos en situación de vulnerabilidad, y el personal que se contrató en la primera semana de funcionamiento, que era el que trabaja en los Caif, no estaba en esa situación, más bien al contrario, eran personas que tenían un vínculo laboral estable con la IDP desde hacía años.

Así, se afirma: “Tomando en cuenta estos antecedentes no es de recibo que con este contrato se desarrollen acciones de promoción social, ya que el objetivo estrictamente habla de Gerenciamiento de Recursos Humanos (que dependen de la Intendencia), y que el gerenciamiento comprende áreas muy vastas que van desde áreas culturales y deportivas hasta el área de servicios generales. Es importante ver sobre este tema la ponderación vinculada a los criterios de evaluación (capítulo 1.14), donde solamente el 5 % del total del puntaje es asignado a la “Propuesta curricular de los Talleres de Capacitación, orientación Laboral y Sensibilización en temáticas de Interés Social presupuestados por el oferente (5 puntos)”, siendo el resto de la evaluación aspectos meramente administrativos. En la propuesta de trabajo en su página 1 la Fundación A Ganar se define como una organización sin fines de lucro “… que tiene objetivo fundamental el promover el desarrollo económico, social y cultural del ser humano, con particular foco en jóvenes  en situación de riesgo social…”; y en la  página 12 establece como “Enfoque Específico. Nuestra propuesta está dirigida específicamente al personal contratado del área de servicios, para jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad” (resaltado en negrita propio). En ambos casos la “misión” desarrollada en la propuesta de la Fundación a Ganar está vinculada en resolver la vulnerabilidad social de los jóvenes y adultos. Pues bien, la población contratada principalmente en las primeras semanas de ejecución del contrato, era personal que no se distinguía por estar en una situación de vulnerabilidad social; en efecto, la mayoría del personal contratado contaba hasta el 31 de diciembre 2020 con un contrato estable (renovable año a año) con la misma Intendencia de Paysandú. La situación de precarización surge a partir de definiciones de la Intendencia sobre todo dado por la no renovación de los contratos de trabajo vinculados a la atención a los CAIF y la absorción del personal por parte de la Fundación a Ganar. El único efecto visible que se da en este caso es una disminución de los gastos de personal, por dos vías: menores retribuciones y afectación de los aportes patronales a la seguridad social, elemento este que materialmente no puede sostenerse porque entiendo que materialmente el personal depende directamente de la Intendencia de Paysandú, si me ciño estrictamente por las características de este llamado. En este caso, se pasó a una situación de menor estabilidad en lo laboral, y una menor paga por los mismos servicios. No existe claridad en quien realiza los llamados: y dado el necesario vínculo con la Intendencia de Paysandú no existe publicidad en los contratos entre el personal afectado a este llamado y la Fundación a Ganar, elemento necesario si se trata de programas o servicios desarrollados por la Intendencia”.    

Como se aprecia, una vez más queda en evidencia que la Fundación A Ganar es una excusa, acordada con el Intendente, para eludir el pago de los aportes patronales, y ahora, además, del IVA, ya que ni siquiera la población que fue abarcada en lo inmediato por este contrato cuajaba con el objeto de la fundación; vale decir: la fundación está operando por fuera de su objeto de existencia, razón por la cual no podría tampoco estar exonerada de los aportes multicitados en relación a los trabajadores de los Caif.  

En definitiva, si algo de claridad arroja el Tribunal de Cuentas, es sobre lo oscura que fue y que sigue siendo esta licitación por la cual la IDP, y su responsable máximo, buscaron evadir en forma fraudulenta el pago de impuestos al Estado. Para llegar a ese objetivo, no pararon ante nada, ni se detuvieron pensando que estaban violando la ley de contratación del Estado, ni omitiendo dolosamente la intervención del Tribunal de Cuentas, ni se detuvieron a pensar en la estabilidad laboral de 130 funcionarios municipales, nada podía ni debía evitar lograr el objetivo buscado.

Tal vez la única enseñanza que podamos extraer de estos hechos lamentables, es que se debe dar un mensaje claro y contundente desde la política y desde las instituciones competentes: que no todo vale, que existen normas que regulan a todos los ciudadanos de la República y que el primero que está obligado a cumplirlas y hacerlas cumplir en el Departamento, es el Intendente Departamental, y que gobernar también es dar el ejemplo. 

A continuación publicamos la resolución referida:

  

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