El plan de refinanciación de deudas de IDP “tiene unos cuantos errores” formales y es poco conveniente para los contribuyentes, aseguró el escribano José Pedro Illia

“Con carácter general yo tengo algunas apreciaciones no a favor de lo que se está planteando”, dijo el escribano José Pedro Illia consultado por “La Tribu” en referencia al plan de regularización de adeudos que la Intendencia implementará, seguramente, desde el mes de junio. La iniciativa recibió aprobación unánime de los 31 ediles de la Junta Departamental en la sesión del 23 de abril de 2021 y ahora fue presentada al Tribunal de Cuentas para el estudio correspondiente.

Un régimen “que tiene varias contras”

“Lamentablemente hay que decirlo, acá el gobierno departamental de Paysandú, todos los partidos políticos con representación en la Junta, aprobó un régimen de refinanciación que tiene varias contras”, sostuvo el exedil. Apuntó que el texto establece que el plan estará operativo los noventa días posteriores a su promulgación, “pero la promulgación es el cúmplase que le da el Ejecutivo y a partir de ahí no se hace conocible por todos los ciudadanos del departamento. La promulgación le da fuerza de decreto, fuerza de ley pero eso no implica que se haga conocido por la gente, lo que permite el conocimiento es el “publíquese””; en consecuencia, la entrada en vigencia debería ser marcada por la formalización de ese trámite.

Exigencias cuestionables

Además de esa apreciación en cuanto “a las formas”, el escribano manifestó no compartir “algunos de los requerimientos que se establecen”. Como ejemplo, refirió a que la comuna se reserva “el derecho por sí y ante sí de declarar la prescripción de las deudas  de contribución inmobiliaria, si las condiciones se dan, por lo que el contribuyente probablemente no tenga oportunidad de controlar ese proceso”. Recordó que las deudas por ese concepto prescriben a los diez años a instancias de un trámite administrativo que, según se venía utilizando, impulsa el interesado. “No quiero decir nada en particular con esto pero lo tengo que informar porque así lo dice el texto”, aclaró.   

Cuestionó que se haya establecido como exigencia para formalizar un convenio que el contribuyente tenga que pagar al contado el tributo del año en curso así como que se haya fijado la Unidad Indexada “como unidad de cobro”. A partir de “un ejemplo concreto” significó lo relativo de las condiciones que ofrece la comuna en este plan. “Si yo debo una cifra x de contribución inmobiliaria ¿qué me ofrece la Intendencia?. Primero que cancele lo que corresponde al año en curso, quiere decir que si quiero convenir primero tengo que tener resto en el bolsillo para pagar las cuotas que sean y después presentarme para hacer el trámite. Este es el primer obstáculo”. Sobre el mecanismo establecido para calcular el monto por el que se establecerá el convenio dijo: “van a tomar la deuda de contribución, sin multas ni recargos, la van a actualizar por el Índice de Precios al Consumo del mes de diciembre del año 2020; o sea que la van a multiplicar por 1,0962. Y a esa cifra la actualizan a Unidades Indexadas (UI) y se puede dividir en un máximo de 48 cuotas”, que es el plazo máximo de financiación; “dice el decreto que en ningún caso la cuota a pagar puede ser inferior a cien UI, a valores actuales unos 500 pesos”.

Cuestionó la utilización de la Unidad Indexada

Para Illia es desacertado el pasaje de las deudas a Unidades Indexadas en tanto su forma de ajuste y su variación diaria implicarán que las cuotas se hagan más cara con el transcurso de los meses; que se necesiten más pesos para pagar la misma cantidad de UI. “En lo que me es personal, creo que no es una medida de valor para que la gente se endeude para pagar la contribución inmobiliaria”, sostuvo.  

El profesional aportó “como ejemplo un caso concreto de una persona que debe unos 80.000 pesos de contribución. Haciendo los cálculos según el plan terminaría pagando unos 98.000 pesos pero la misma Intendencia avisa que, con multas y recargos, debe unos 96.000 pesos. Entonces le conviene pagar la deuda con multas y recargos, el plan resultará más gravoso; así que no es bueno“. 

Tercerización de la gestión de cobro

Valoró como “grave” que la comuna exija que a quienes vayan a firmar convenio tengan que suscribir una declaración jurada “dando cuenta de todos los inmuebles de los que son propietarios, los gravámenes que los inmuebles puedan tener, mi dirección concreta, entre otros datos”. Explicó que el objetivo último “es generar una carpeta, una base de datos, porque el mismo decreto dice que la Intendencia puede enajenar esa carpeta de deudores a un tercero para que un estudio jurídico compre esa información y la ejecute”.  

¿Leerán los ediles?

Illia calificó como “triste” que “toda la clase política haya aprobado ese plan” y se preguntó si “algún edil analizó en profundidad el contenido del texto” que eventualmente puede exponer a muchos vecinos. Sostuvo que “desde el punto de vista de la legalidad el plan tiene unos cuantos errores pero desde el punto de vista de la conveniencia para la gente no me gusta, no me satisface”.

Mirá la nota de «La Tribu» con el escribano José Pedro Illia.

https://www.facebook.com/2295445764046010/videos/164181752182448/

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.