Además de la cuestionable legalidad de la situación, quienes la denuncian plantean como injusto que un funcionario que recibe un salario mensual nominal de 100.317,81 pesos tenga, además del preciado sueldo, la ventaja de tener casa y servicios básicos sin costo. Se entiende que la retribución le permitiría, quizás apretándose un poco, pagar un alquiler y llegar a fin de mes.

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La petición se realizó al amparo de la Ley Nº 18.381, Derecho de acceso a la información pública, y se formalizó el 9 de marzo de 2021. La norma establece que: “Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales”. Sin embargo la Intendencia dejó transcurrir el primer plazo establecido sin responder y sin solicitar la prórroga, que si se hubiese pedido entonces también ya habría expirado.

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