Activista afirma que el intendente les dijo “que consideraba un error la contratación de Escobar y que pensaba darle la baja” pero cuestiona la no concreción del anuncio

Escribe: “Activista sanducera pro Derechos”.

A mediados de enero de este año recibimos la novedad en la Hermandad pro Derechos (Colectivo de la Asociación Civil) de que Sergio Escobar habría ingresado a la Intendencia Departamental de Paysandú, con diferentes rumores de que función cumpliría.

Inmediatamente buscamos verificar esta información, como siempre lo hacemos con distintas denuncias que nos llegan de variadas temáticas.

Confirmada la noticia decidimos, inmediatamente, de alguna manera demostrar nuestro descontento ante esta actitud, sabiendo de sus antecedentes: procesado por «reiteración real de los delitos de proxenetismo, trata de personas, lavado de dinero y explotación sexual de menores», y condenado a siete años y ocho meses de prisión, los cuales cumplió.  Tuvimos testimonio detallado de una víctima directa la cual padeció una golpiza por este expreso y otros de su entorno a causa de lo cual corrió riesgo su vida, esa persona ahora es participante de Hermandad pro Derechos.

A todo esto se decide hacer una nota pública para que la sociedad se enterara de lo que estaba sucediendo y pedir apoyo a otros colectivos y Asociaciones Civiles que inmediatamente se sumaron a la iniciativa; de aquí, de Paysandú, Asamblea de Mujeres y ATRU, pero también participaron de otros departamentos.

Esta noticia recorrió todo el país, los medios se hicieron eco inmediatamente y la bancada de senadores del Frente Amplio apoyó la declaración, no así de los otros partidos políticos.

Cuando por primera vez entrevistan al intendente dice que eran versiones falsas, que Escobar no estaba trabajando en la intendencia. Casi al mismo tiempo y en otro medio el Director de Servicios  decía que si que lo estaba haciendo por intermedio de un convenio con DINALI.

La noticia ya era pólvora, los días seguían transcurriendo y desde la Intendencia intentaban aplacar a los colectivos.

El primer intento fue convocando a una reunión, que al final fueron dos, de trabajadores de Derechos Humanos y el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que arribó a Paysandú  convocado por el intendente para ofrecer una “opinión consultiva sobre la situación planteada a raíz de que una persona con antecedentes por delitos de proxenetismo realiza servicios a la comuna y se debate públicamente si es o no es parte de un programa de reinserción laboral”.

En ese intento se plantea la apertura del diálogo entre colectivos y trabajadores de territorio.

Mientras tanto, Asamblea de Mujeres armaba su marcha del 8 de Marzo donde entre otras protestas esta era una de las más importantes haciendo una intervención en las escalinatas de la Basílica dónde una de las representaciones era el «Zorro».

Se enfocó mucho en la problemática trata y explotación sexual.

Luego de esto se nos convoca a una reunión donde estaban presentes el intendente, la encargada de Secretaria de Género y el secretario general, representantes de la Intersocial, de Afro floreciendo, una edila Departamental y tres integrantes de Hermandad pro Derechos (dos por vía Zoom ya que residen en Montevideo).

El intendente inmediatamente nos plantea la necesidad y urgencia de trabajar con la problemática de la Trata de personas, a lo que se le respondió que se estaba de acuerdo ya que en Paysandú han sucedido varios casos.

Nos comenta que su cometido y para lo que habíamos sido citadas y citados era para ver la posibilidad de realizar un grupo de trabajo  y en conjunto con la intendencia en el tema antes mencionado.

También nos mencionó que consideraba un error la contratación de Escobar y que pensaba dar de baja su contratación, que cuando tomara esa decisión se nos iba a avisar.  La respuesta de parte de la sociedad civil a su propuesta de crear «un grupo» fue y será negativa mientras existe la contradicción de que se hubiera contratado a una persona que había sido tratante de más de 90 mujeres con todo lo que ello implica, con  el daño que éstas sufrieron, y remarcando lo «oscuro» de ésta contratación. Hermandad pro Derechos había pedido acceso a la información pública a Intendencia, DINALI y Fundación A Ganar y en ese entonces no habíamos recibido respuestas.

Dejamos en claro que estamos totalmente de acuerdo con los programas y convenios de rehabilitaciones pero  en éste caso no se ve clara la contratación, ya que estábamos hablando de alguien que había militado para el Partido Nacional.

A todo esto, y no teniendo más respuestas desde ese entonces de parte de las tres personas que estuvieron en la reunión por parte del Ejecutivo Departamental que por supuesto le dejamos libre el diálogo, se recibe la respuesta de DINALI que niega rotundamente tener algún vínculo con la contratación que se menciona.

Lamentablemente la urgencia con la temática Trata de Personas quedó nada más que en palabras, ya hace casi dos meses de la reunión donde se dijo íbamos a tener respuesta.  Ojalá se tome consciencia de que es grave, que en estos tiempos con muchas formas de vulnerabilidades hay que trabajar seriamente y que no todo quede sólo en las palabras.

“Activista sanducera pro Derechos”.

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