Mientras DINALI afirma que “no mantiene ningún convenio” con IDP, colectivos denuncian continuidad de contrato de quien estuvo preso por proxeneta, entre otros «pesados delitos»

La contratación de Sergio Escobar por parte de la Intendencia, a través de la Fundación “A Ganar”,  no surge de un acuerdo entre la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) que “NO tiene ni ha tenido convenios” con esa fundación, enfatiza (con el NO en mayúsculas, en negrita y subrayado) esa dependencia del Ministerio del Interior. El dato surge como respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Pública que promovieron los colectivos que integran la Hermandad Pro Derechos Uruguay en procura de esclarecer las condiciones de la incorporación del “zorro”.

La vinculación generó un rechazo generalizado de la comunidad sanducera y el escándalo tomó una indiscutible dimensión nacional. En la medida que el cuestionamiento a la decisión del intendente Olivera se hizo más intenso y extendido, las autoridades departamentales recurrieron a estrategias que terminaron resultando, al menos, contradictorias.

De las contradicciones

Un comunicado firmado por una muy importante serie de organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos humanos resultó clave para “nacionalizar” el tema. Sobre el 20 de enero de 2021 se difundió ese texto que rechaza la contratación «del Sr. Sergio Escobar, en dependencias de la Dirección de Promoción Social, teniendo en cuenta que el mismo en el año 2012 fue procesado por un delito continuado de proxenetismo, contribución a la explotación de menores, trata de personas y lavado de activos, teniendo también antecedentes de lesiones graves y hurto». Esos delitos constituyen “violaciones flagrantes de los derechos humanos de acuerdo a la Declaración Universal de los derechos humanos, la Declaración y la Convención de los derechos del niño, así como el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Todas ellas refrendadas y con carácter de ley en nuestro país”.

El jueves 21 de enero Olivera dijo a un medio nacional: “Sergio Escobar no fue designado en esa dirección departamental, ni en ninguna otra y no tiene relación con la Intendencia de Paysandú, desconociendo de dónde surgió la noticia y los motivos de la misma”.

El mismo día, pocas horas después, la comuna emitió el Comunicado 010/2021 titulado: “Intendencia desmiente comunicado de colectivos”.  Lejos de desmentir, confirmó que Escobar «está designado al área de recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos” y que “su labor se desarrolla en el marco de una apuesta en apoyar la rehabilitación de ex presos y personas privadas de libertad, la cual se realiza desde administraciones anteriores y es compartida por la actual administración”.  Dando un pasito más, en un tono jugado por tratarse de comunicación institucional, las autoridades sostienen que la denuncia de los colectivos constituye una “campaña”, “una tarea de enchastre”.

Llamativamente ese texto nunca fue publicado en la página institucional sino sólo remitido a los medios.

El supervisor

Poco después se supo que la persona reviste como «supervisor» de una cuadrilla dedicada al mantenimiento de espacios verdes y paseos públicos integrada por funcionarios que, como él, ingresaron a través de la fundación “A Ganar”. Trascendió que su remuneración es equivalente al grado 10 del escalafón de la  Intendencia, unos 67.000 nominales por mes, con acceso a vehículos, teléfonos e internet que aporta la propia comuna.

¿Quién tira la primera piedra?

Algunos jerarcas de la Intendencia se atreven a defender enfáticamente a su compañero de trabajo y han afirmado que su inclusión se enmarca en los convenios establecidos con la DINALI “que no empezamos nosotros, que vienen del gobierno anterior” y hasta informaron que “hay otras ocho personas en esa situación”. Una directora opinó que no se debería juzgar a esta persona que también se merece una oportunidad laboral y repitió la contundente frase popular: “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Pero la respuesta de DINALI, que lleva la firma de su director general, Gustavo Silveyra, también aclara que: “al día de la fecha- y desde la finalización del anterior período de gobierno- DINALI no mantiene ningún convenio” con la Intendencia de Paysandú “así como tampoco ningún pasante de DINALI se encuentra actualmente cumpliendo funciones allí, no habiendo ingreso nuevo por DINALI, desde hace más de dos años; reiterando que esta Dirección Nacional no mantiene ningún vinculo con la Fundación “A Ganar””.    

Se trata de un gravísimo episodio que se debería considerar en el contexto de una secuencia de decisiones, acciones y omisiones de las autoridades departamentales que conducen a un evidente y complejo proceso de deterioro institucional de la comuna.

¿Manotazos de ahogado?

En los colectivos consideran que el argumento de que la contratación se había realizado  a través de DINALI fue como “un último recurso para tratar de zafar de la situación”  pero que terminó exponiendo aun más al intendente. Existen varios testimonios de militantes de la organización política de Olivera, algunos de ellos se han publicado a través de medios de comunicación, asegurando que en la interna “se sabía desde antes de las elecciones que, si ganábamos, Escobar entraba”.

La invitación al departamento al comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, fue otra iniciativa promovida por la Intendencia con el objetivo de conseguir un apoyo explícito a la decisión de contratar al exrecluso, extremo que no sucedió. Sin embargo el jerarca sí trabajó para tender puentes que acercaron a la Intendencia con algunos de los actores sociales y políticos que impulsaron la denuncia: “de hecho hubo una reunión en la Intendencia organizada por el comisionado”, confirman desde los grupos de la sociedad civil.

¿Repartiendo responsabilidades?

En ese ámbito el intendente Olivera solicitó instalar “un grupo de trabajo” para abordar el asunto, sin especificar mucho más. Los colectivos dejaron “bien en claro que no avanzarían hasta que no se tome la decisión de sacar a Escobar”. Para varios resulta muy difícil de entender, y en alguna medida rechazan, que ahora se busquen acuerdos para desarticular una decisión unilateral, tomada por una persona, que de la misma forma debería resolver el problema. Siendo muy claro que la contratación no se trata de una política de Estado, colectivizar el asunto “sería como intentar socializar la responsabilidad de algo en lo que no tenemos nada que ver y que rechazamos profundamente”, sostienen.

“Quizás pudimos haber cometido un error”

En el discurso que pronunció en la Junta Departamental por los primeros cien días de gobierno, el intendente dijo ser “consciente que la contratación de un ex privado de libertad a través de una ONG sensibilizó a mucha gente, legítimamente”; agregó: “quizás pudimos haber cometido algún error y seguramente lo cometimos” y refirió a ese proceso colectivo para enmendarlo. Si bien el anuncio careció de precisión, es cierto que el compromiso fue pronunciado en un ámbito cuya integridad se debe honrar y con los integrantes de la Junta Departamental y la población toda como testigos.

“La reunión fue antes de lo de la Junta. Así que ya hace más de un mes de ese compromiso, no entendemos cómo se procesa esto en la interna de la Intendencia, pero es preocupante que las cosas no cambien”, reconoció una integrante de los colectivos denunciantes que elige preservar su identidad.      

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