Desde el Ministerio de Salud Pública se difundieron algunos datos que aclaran aspectos referidos al desarrollo paralelo de las campañas antigripal y anticovid.
Según supo “La Tribu”, en una reunión que se desarrolló “en un clima de cordialidad”, el intendente se comprometió a atender todos los pedidos “desde hoy mismo” aunque aclaró que la devolución del vehículo podría demorar algunos días por motivos operativos.
Después de emitir el fallo, la juez, doctora Victoria Abraham, dijo públicamente que “se logró comprobar que actuó por motivos de odio, desprecio y menosprecio por su condición de mujer atento a que ella no quería tener una relación de pareja”, enfatizando en la “solidez de la prueba” de la que se sirvió.
Illia calificó como “triste” que “toda la clase política haya aprobado ese plan” y se preguntó si “algún edil analizó en profundidad el contenido del texto” que eventualmente puede exponer a muchos vecinos. Sostuvo que “desde el punto de vista de la legalidad el plan tiene unos cuantos errores pero desde el punto de vista de la conveniencia para la gente no me gusta, no me satisface”.
El proceso se inició hace ya varios años, en el transcurso del quinquenio anterior. En el ámbito administrativo el asunto se resolvió a favor de la Junta, mientras que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también consideró que el reclamo de los funcionarios no correspondía.
Nada más se ha dicho de los recursos que la comuna había dispuesto para ese fin, ni los recursos genuinos ni los que el fideicomiso prevé para ese destino.
Además de la cuestionable legalidad de la situación, quienes la denuncian plantean como injusto que un funcionario que recibe un salario mensual nominal de 100.317,81 pesos tenga, además del preciado sueldo, la ventaja de tener casa y servicios básicos sin costo. Se entiende que la retribución le permitiría, quizás apretándose un poco, pagar un alquiler y llegar a fin de mes.
La petición se realizó al amparo de la Ley Nº 18.381, Derecho de acceso a la información pública, y se formalizó el 9 de marzo de 2021. La norma establece que: “Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales”. Sin embargo la Intendencia dejó transcurrir el primer plazo establecido sin responder y sin solicitar la prórroga, que si se hubiese pedido entonces también ya habría expirado.
Lamentablemente la urgencia con la temática Trata de Personas quedó nada más que en palabras, ya hace casi dos meses de la reunión donde se dijo íbamos a tener respuesta. Ojalá se tome consciencia de que es grave, que en estos tiempos con muchas formas de vulnerabilidades hay que trabajar seriamente y que no todo quede sólo en las palabras.
De acuerdo a los datos primarios en poder de estos legisladores, la intervención, que aparentemente se concretó en el transcurso de la semana de turismo, habría demandado una inversión muy considerable y podría haber incluido, entre otras mejoras, la renovación de mobiliario y la supuesta incorporación de algún equipamiento cuya presencia, de confirmarse, desataría alguna polémica.
Los ediles cuestionan el argumento esgrimido para rechazar el proyecto, referido a que ya hay dos propuestas con un objetivo similar a consideración, y denuncian que la actitud de la mayoría «rompe con el buen espíritu que tiene la Junta Departamental».
“En lo que refiere a los CAIF y al ·Centro “Siempre” tenemos noticias certeras de que no se estaría cumpliendo con la entrega de canastas en el tiempo apropiado ni con el contenido debido y que tampoco las viandas cumplen con las exigencias establecidas por INDA, en cuanto al valor nutricional requerido, y que estarían muy reducidas en su contendido, tanto en valor energético como en cantidad”, señaló la edil Mabel D”Agostini.